El actual jefe comunal Ítalo Cáceres ingresó el requerimiento al Tribunal Electoral Regional del Bío Bío, solicitando la inhabilitación por cinco años de la ex autoridad por supuestas irregularidades administrativas.
El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, formalizó una denuncia por notable abandono de deberes contra su antecesora en el cargo, Ivonne Rivas, ante el Tribunal Electoral Regional (TER) del Bío Bío. La acción legal, presentada a pocos días de cumplir seis meses en el cargo, busca investigar una serie de irregularidades que habrían ocurrido durante la anterior administración municipal y solicita la inhabilitación de la ex alcaldesa para ejercer cargos públicos durante cinco años.
La denuncia incorpora diversos puntos controvertidos relacionados con la gestión administrativa de Rivas. Entre las principales acusaciones se encuentran modificaciones contractuales de último momento y aumentos salariales implementados poco antes del cambio de mando del 6 de diciembre pasado. Según el actual alcalde, estas medidas habrían sido ejecutadas sin el debido respaldo legal y fuera de los procedimientos establecidos.
Una de las irregularidades más significativas señaladas en el requerimiento se refiere al traspaso masivo de personal desde contratos a honorarios, lo que habría llevado a superar ampliamente el límite legal del 42% establecido para este tipo de contrataciones. Esta situación, sumada a los ajustes salariales de última hora, configurarían según Cáceres un patrón de decisiones administrativas irregulares que justificarían la acusación por abandono de deberes.
La ex alcaldesa Ivonne Rivas rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como falsas y sin fundamento. En su defensa, Rivas aseguró que no dejó déficit en el presupuesto municipal y que durante su período fueron canceladas todas las cotizaciones previsionales a los funcionarios municipales, así como los aportes correspondientes a salud y educación municipal. La ex autoridad enfatizó que mantuvo un control total y legal de todas sus actuaciones durante su administración.
Respecto a las medidas cuestionadas, Rivas argumentó que el presupuesto municipal fue debidamente aprobado por el Concejo Municipal y que los cambios contractuales se realizaron con la autorización correspondiente de la Contraloría General de la República. La ex alcaldesa anunció que se defenderá ante el tribunal electoral regional y acusó al actual alcalde de faltar a la verdad en sus declaraciones públicas.
El ex concejal Felipe Romero aportó antecedentes relevantes al caso, confirmando que en su momento observó los traspasos de personal a honorarios y que votó en contra del presupuesto 2025 por considerarlo desfinanciado. Cáceres reconoció que algunas de las medidas ahora denunciadas fueron implementadas con el respaldo del Concejo Municipal, aunque otras fueron decisiones unilaterales de Rivas como máxima autoridad comunal.