Es por eso que el director del Serviu, Francisco Merino, llegó hasta el juzgado de letras de Tomé, para presentar esta acción legal, considerando que sólo hace un año fueron entregadas estas casas a quienes fueron afectados por el terremoto y posterior tsunami en febrero de 2010.
Cada vivienda posee un logo del Gobierno y pese a ello son utilizadas para arrendar por quienes fueron beneficiados, por eso Francisco Merino, aseguró que se arriesga una pena máxima, que se traduce en la devolución del subsidio. A la fecha en Dichato ya se han presentado 30 acciones, mientras que a nivel regional ya hay cerca de 80.
Merino afirmó que “a través de nuestras fiscalizaciones y denuncias que hemos recibido hemos constatado que casas que han sido entregadas hace pocos meses se encuentran actualmente en situación de arriendo. Esto es inaceptable, debido a que existe una normativa la cual se debe y exigiremos cumplir”.
Agregó que “estas acciones legales que hemos interpuesto son para pedir la restitución el subsidio asignado, lo que se va a traducir en que estas personas deberán devolver estos recursos que entregó el Estado para la construcción de sus casas.”
La dirigenta de la Aldea El Molino, Ximena Toledo, rechazó esta disposición y señaló que, “el pueblo por cultura vive del verano, encuentro irrisorio que los políticos les corten las manos y la única fuente laboral que tienen durante todo el año”.
La dirigenta aseguró que “cuando el Presidente entregó las casas se le preguntó si se podían arrendar y él aseguró que si. O sea, el presidente da la venia y los que están más abajo dicen que no. ¿Quién manda en Chile entonces?”. Afirmó que no descartan movilizaciones si las fiscalizaciones y demandas continúan. “La gente ahora esta decidida, además ahora somos todo Dichato”.
La alcaldesa Ivonne Rivas indicó que a título personal entendía que muchas familia por costumbre arrendaban sus casas a los turistas en el verano y que habia un problema social importante. Sin embargo, como alcaldesa su opinión era que la ley estaba para cumplirla y que las familias debían acatar la prohibición de vender o arrendar durante cinco años o exponerse a la pérdida del subsidio.