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| Tomé tiene siete líneas de buses urbanos. Foto de Rafael Salazar. |
Sin embargo, apenas se comenzó a difundir en las redes sociales y los medios de comunicación locales, la comunidad reaccionó indignada y con gran fuerza, lo que encendió las alarmas en la Municipalidad de Tomé, por el efecto que esta alza tendría en la evaluación de la gestión alcadicia.
Esto porque el transporte público, pese a estar en manos 100% privadas y en que los precios se fijan libremente por el mercado, sin que el Ministerio de Transportes tenga ninguna injerencia en cómo se definen las tarifas, la realidad es que la población no lo percibe así y responsabiliza al Gobierno o a la administración comunal de cualquier alza que exista.
Esto motivó que la alcaldesa Ivonne Rivas llamara primero al seremi de Transportes, César Arriagada, y luego a los representantes de las empresas de transportes a conversar, para intentar poner un freno a esta medida. También se sumó a esta mesa el diputado (DC) Marcelo Chávez, quien se comprometió a realizar gestiones con el subsecretario de Transportes, Cristian Bowen.
¿Qué es lo que se negoció?. Básicamente un intercambio: que los empresarios postergaran el alza y dejaran congelada la tarifa en $850 por lo menos hasta fines de año, con el compromiso del Gobierno para concretar la entrada de la comuna de Tomé en el llamado "perímetro de exclusión" del transporte licitado del Gran Concepción.
¿Qué significaría eso?. Básicamente evitaría que llegue más competencia a Tomé y le asegura a estas seis empresas tener un "público cautivo" con los usuarios del transporte. En la actualidad cualquier empresario puede solicitar al Ministerio de Transporte iniciar el recorrido Tomé-Concepción y cumpliendo con los requisitos exigidos (incluyendo terminal y máquinas en condiciones de operar) podría iniciar el servicio y cobrar lo que quiera, por ejemplo, $500 dejando a todas las restantes empresas fuera del mercado.
Sin embargo, la realidad es que esto no ha ocurrido y durante los últimos diez años pese a que han crecido de tres a siete las empresas, las tarifas siguen siendo más o menos las mismas, por lo que se estima que no hay factibilidad económica de tener un servicio más barato, considerando los precios del petróleo y la mano de obra.
¿Aceptarán los empresarios este acuerdo?. Varios de los empresarios no están muy convencidos de la conveniencia de este "perímetro de exclusión", porque la realidad es que no tienen amenaza real de que entren nuevas empresas y los márgenes de utilidades que tienen actualmente son muy pequeños y se estrechan aún más con el alza que viene para los repuestos y lubricantes debido al alza del dólar.
La comunidad tomecina, por otro lado, no está dispuesta a pagar $900 y se prevén movilizaciones y descontento social si se produce finalmente el alza a fines de año.
¿Cómo terminará esta historia?.