El delegado presidencial para Aldeas y
Campamentos, Felipe Kast, junto al director del Serviu del Biobío,
Sergio Jara, interpuso este jueves una demanda en el Juzgado de Garantía
de Tomé contra familias damnificadas del 27/F, que recibieron sus
nuevas viviendas y que aún no las habitan.
Con
esta acción, ambas autoridades solicitaron la restitución del monto del
subsidio habitacional asignado, ya que los beneficiados aún no se
trasladan desde su aldea de emergencia, hasta sus nuevas viviendas.
La normativa ministerial exige que las familias deben habitar la residencia con la cual fueron beneficiadas.
El
delegado Felipe Kast afirmó que "este es el año de la entrega de
viviendas para las familias más golpeadas por la catástrofe del 27/F, y
que ha significado un gran esfuerzo por parte del Gobierno, por lo que
ver a familias que no habitan sus casas ya entregadas es frustrante para
aquellas que aún siguen esperando su vivienda".
"A
través de esta acción judicial queremos sentar un precedente para que
las familias sepan que recibir un subsidio por parte del Estado
significa también una responsabilidad por parte de ellas, y que de no
cumplirlo, el Estado tiene el deber de demandar la restitución de ese
subsidio para entregarlo a otras familias que realmente lo necesitan",
dijo la autoridad de Gobierno.
Por
su parte, Sergio Jara sostuvo que "a través de nuestras fiscalizaciones
y denuncias que hemos recibido, hemos constatado que casas que han sido
entregadas en febrero todavía no se encuentran habitadas por familias
que son de aldeas. Esto es inaceptable, debido a toda la carencia
habitacional que existe en la Región antes del terremoto y que fue
acrecentada fuertemente después del 27/F",
Además,
agregó que "estas acciones legales que hemos interpuesto se realizan
para solicitar la restitución del subsidio asignado, lo que se va a
traducir en que estas personas perderían la casa que se les entregó.
Esto último para poder entregar este beneficio a familias que requieren
de una solución habitacional que tiene un alto estándar y que tiene ADN
de clase media".
El 26 de
febrero de 2012 se entregó el conjunto habitacional Miramar en la
localidad de Dichato en Tomé y, según denunciaron, a la fecha existen
familias que todavía no se han trasladado desde su aldea a sus nuevas
casas.
El contrato de
compraventa para la adquisición de viviendas que suscribieron estos
beneficiarios, obliga a habitar personalmente junto a su grupo familiar
sus nuevas casas.
El plazo
máximo para el inicio del cumplimiento de esta obligación es de 30 días a
contar de la entrega material del inmueble, por lo que al no
concretarse, faculta a Serviu de la Región del Biobío a exigir la
restitución de la totalidad de los subsidios recibidos.