miércoles, junio 13, 2012

La dura realidad de los edificios públicos de Tomé

Por Nello Rolleri.

El terremoto de 2010 fue el golpe de gracia para la antigua casona que se construyó Carlos Werner, principal ejecutivo de la textil Bellavista, y que era hasta ese momento el edificio de la Muncipalidad de Tomé.

Ubicado frente a la plaza de armas, la antigua casa construida parcialmente de albañilería y madera, había tenido sucesivas ampliaciones y modificaciones, que le había hecho perder su diseño arquitectónico original.

Los espacios, propios de una casa habitación, se hacían estrechos para el funcionamiento de un municipalidad y varios funcionarios debían compartir estrechos espacios, mientras las carpetas y cajas con documentos se amontontaban por las paredes.

Con la demolición del edificio consistorial, realizado este año, pareció inminente la reconstrucción de uno nuevo, ubicado en el mismo lugar. Sucesivos anuncios tanto provenientes de la municipalidad, como del Gobierno central, hacían esperar la presentación de un proyecto de resposición a la comunidad. Sin embargo, han transcurrido varios meses y aún los tomecinos no saben si tendrán un nuevo municipio.

Esta necesidad se hace más evidente al observar el pésimo estado en que se encuentra otro edificio público de la comuna, tradicionalmente conocido como el edificio de Correos de Chile, que también alberga dependencias del Registro Civil, del Juzgado de Policía Local y las oficinas de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Tomé.

La comunidad de Tomé merece una mejor atención de parte de sus servicios públicos, con espacios que ofrezcan una mínima comodidad para quienes deben realizar trámites y acceder a servicios del  Estado. No es posible que los funcionarios permanezcan hacinados e incómodos, porque esa situación repercute directamente en la calidad de servicio que pueden otorgarle a las personas. Tampoco corresponde que la reposición de estos espacios públicos dependa de la capacidad de gestión de un municipio o de un alcalde de turno. Se trata de una responsabilidad del Estado, que los ciudadanos deben exigir, más allá de cualquier proceso electoral o político en curso.