Vecinos y concejales expresaron su preocupación en el concejo municipal por dos conflictos que afectan al balneario privado: el cierre total de la avenida principal, ordenado por la Seremi de Transportes por riesgo de derrumbes, y el cobro de estacionamiento en la zona de playa, que busca restringir el acceso a visitantes.
La situación del complejo Pingueral volvió a encender el debate en el concejo municipal de Tomé. Durante la última sesión, concejales y vecinos manifestaron su inquietud por dos hechos que afectan directamente al tradicional balneario: el cierre de su avenida principal y el alto cobro por estacionar junto a la playa.
El tema fue puesto sobre la mesa por los concejales Carlos Cocha y Francisca Zúñiga, quienes recordaron que Pingueral ha sido escenario de reiteradas controversias en torno al libre acceso a las playas. Hace una década, el Ministerio de Bienes Nacionales debió intervenir para retirar las barreras que impedían el ingreso público al borde costero.
En esta oportunidad, las quejas apuntan a la suspensión total del tránsito por la avenida Pingueral, debido al riesgo de deslizamientos ocasionado por una obra abandonada, y al cobro de 10 mil pesos por estacionar frente a la playa, medida implementada por la administración privada del recinto.
El alcalde Ítalo Cáceres intentó ceñir el debate a los antecedentes técnicos entregados por el director de Obras, Osvaldo Arenas, quien explicó que la orden de cierre provino de la Seremi de Transportes y no compete a la municipalidad revertirla. En cuanto al estacionamiento, señaló que este se ubica en terrenos privados y, por tanto, no infringe la normativa vigente.
Durante su exposición, Arenas detalló que la inmobiliaria Rio Puelo dejó inconclusas varias construcciones en el sector, generando daños estructurales en la calzada. “La empresa desapareció de un día para otro y nunca se hizo cargo de las obras que ejecutó. Oficios enviados al Serviu no tuvieron respuesta, y la situación terminó siendo derivada al Gobierno Regional”, indicó.
Ante el deterioro progresivo del terreno, la Dirección de Obras decretó una restricción parcial del uso de la vía, la que posteriormente fue elevada a cierre total por instrucción de la Seremi de Transportes. “No es una medida voluntaria del municipio, sino una disposición técnica para resguardar la seguridad de los vecinos”, aclaró el funcionario.
Actualmente, el acceso a la playa se realiza por la avenida La Cumbre, la única habilitada para el tránsito vehicular hacia el borde costero. Esta modificación, sin embargo, ha generado molestia entre residentes y visitantes, quienes denuncian dificultades para ingresar y mayores tiempos de desplazamiento.
En relación con el cobro por estacionar, Arenas explicó que los terrenos colindantes a la playa corresponden a lotes privados incluidos en un loteo turístico aprobado a comienzos de los años 2000. “La administradora de Pingueral, como persona jurídica de derecho privado, mantiene atribuciones para gestionar actividades comerciales en esos predios”, sostuvo.
Pese a ello, el propio director de Obras reconoció que dichos estacionamientos no cuentan con patente municipal, motivo por el cual se instruirá una fiscalización. “Vamos a verificar si existe algún incumplimiento respecto al uso comercial del espacio y, de ser necesario, se adoptarán las medidas correspondientes”, señaló.
La discusión evidenció nuevamente las tensiones entre el carácter privado del resort y su condición de balneario con acceso público. Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, los concejales insistieron en la necesidad de que el municipio y las autoridades regionales velen por el cumplimiento del derecho constitucional de todos los chilenos a acceder libremente a las playas.
