La idea de restringir las contrataciones municipales exclusivamente a residentes de la misma comuna carece de fundamento racional, especialmente en una conurbación de diez comunas cercanas. Este criterio, aunque pueda parecer una forma de “proteger” el empleo local, introduce rigideces innecesarias, reduce la calidad del servicio público y desconoce la realidad laboral y residencial de las áreas metropolitanas contemporáneas.
En primer lugar, el mérito y la competencia deben primar sobre el domicilio. Una municipalidad necesita profesionales calificados en áreas técnicas, jurídicas, sociales y administrativas. Limitar el universo de candidatos a quienes viven dentro de límites administrativos artificiales reduce drásticamente el pool de talento disponible. En una conurbación compacta, miles de personas se desplazan diariamente entre comunas vecinas para trabajar; exigir residencia formal en la comuna contratante no mejora la calidad del servicio ni garantiza mayor compromiso, sino que simplemente excluye a candidatos potencialmente superiores.
En segundo lugar, la movilidad residencial y laboral es la norma en estas zonas. Muchas personas viven en una comuna y trabajan en otra por razones de precio de vivienda, cercanía a redes de transporte o disponibilidad de servicios. Convertir el domicilio en requisito de acceso al empleo municipal crea una barrera discriminatoria e ineficiente: privilegia a quien pudo o quiso residir en un territorio determinado, no a quien mejor puede desempeñar la función pública. Además, genera incentivos perversos: candidatos podrían trasladar ficticiamente su domicilio solo para postular, distorsionando el propósito declarado de la medida.
Por último, el interés público exige eficiencia y transparencia. Una administración municipal existe para servir a todos los vecinos, no para repartir puestos entre un grupo cerrado. Priorizar la residencia sobre la idoneidad debilita la meritocracia, puede abrir puertas al clientelismo y, en el mediano plazo, deteriora la calidad de las políticas y servicios que la propia comuna necesita.
En una conurbación integrada, las fronteras comunales son administrativas, no sociales ni económicas. Insistir en contratar solo a residentes locales no fortalece el sentido de pertenencia: simplemente empobrece la capacidad de la municipalidad para atraer y retener el mejor talento disponible.