Propietarios de Costa Brava y Costa Dorada acusan a inmobiliarias y a la Municipalidad de Tomé de omitir una obra de seguridad esencial contemplada en el proyecto, tras socavamientos y destrucción de accesos ocurridos desde el 16 de julio de 2026.
La Comunidad de Edificios Costa Brava y Costa Dorada, ubicados en el sector Pingueral de Dichato, comuna de Tomé, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de la Ilustre Municipalidad de Tomé, de Inmobiliaria Costa Pingueral Etapa III Limitada y de ICC Inmobiliaria S.A. (ex ISN Inmobiliaria S.A.). La acción se fundamenta en la falta de construcción de un muro de contención o rompeolas que, según planos aprobados, debía proteger los edificios frente al mar.
De acuerdo con el libelo, el proyecto de las torres fue revisado, aprobado y recepcionado por la Dirección de Obras Municipales de Tomé. Los planos de modificación de 2018 contemplaban expresamente el muro rompeolas como infraestructura crítica de seguridad para mitigar riesgos de inundación, socavamiento y erosión. Sin embargo, esa obra nunca se materializó.
Los hechos que motivaron la presentación se produjeron a partir del 16 de julio de 2026, cuando un intenso frente de mal tiempo generó fuerte oleaje que azotó el borde de calle Villarrica y el acceso peatonal y vehicular a los condominios. Imágenes acompañadas al recurso muestran el mar avanzando hasta las inmediaciones de la garita de seguridad y desprendimientos de terreno que dejaron construcciones al borde del colapso.
En los días siguientes se constató un socavón en el acceso, con tuberías de instalaciones eléctricas de espacios comunes expuestas, caída de pavimento, pérdida de terreno y jardines en un tramo de aproximadamente 180 metros de largo y 920 metros cúbicos, así como daños en alumbrado y sistema de riego. La comunidad sostiene que la ausencia del muro fue la causa principal de estos estragos.
Los recurrentes argumentan que las inmobiliarias incurrieron en una omisión arbitraria al ejecutar el proyecto sin las obras de mitigación esenciales, exponiendo a los residentes a riesgos de remoción en masa. A su vez, acusan a la Municipalidad de haber otorgado la recepción definitiva de un proyecto que no cumplía las condiciones técnicas mínimas de seguridad exigidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, fallando en su deber de fiscalización.
La acción invoca la vulneración de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1) y del derecho de propiedad (artículo 19 N°24). Se señala que el peligro es real y latente, y que la destrucción de terreno y bienes comunes genera una devaluación importante de las propiedades, además de una amenaza inminente de mayores daños.
Entre las peticiones, la comunidad solicita que se ordene a las recurridas construir el muro de contención, adoptar medidas de mitigación mientras se ejecuta la obra, proteger las instalaciones eléctricas expuestas y condenar en costas. También se reserva el derecho a ejercer acciones civiles por los perjuicios causados.