En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Tomé, autoridades y representantes de la comunidad analizaron y rechazaron de forma contundente la posibilidad de que se desarrollen faenas de explotación de tierras raras en la zona. La cita tuvo como invitado especial al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien expuso en detalle la experiencia de su comuna frente al proyecto de tierras raras que se ha tramitado en su territorio desde 2015.
Vera explicó que el proceso se inició con la entrega de recursos de Corfo a una empresa privada para exploraciones y prospecciones mineras, que detectaron una veta de tierras raras que se extiende desde el puente 7 en Florida, pasando por Penco y Tomé, hasta Cobquecura.
Subrayó que el Código de Minería que rige las concesiones mineras data de la década de 1980 y permite que cualquier persona natural o jurídica solicite derechos sobre especies minerales ubicadas entre 15 y 60 metros de profundidad, sin ser dueña del terreno superficial. Según el alcalde, el área involucrada ya supera las 500 mil hectáreas de concesiones, “perdimos el control de la cantidad”.
El edil de Penco detalló el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Indicó que el proyecto, inicialmente presentado como una intervención menor (una retroexcavadora y un camión), escaló hasta un Estudio de Impacto Ambiental que contempla un proyecto de 270 hectáreas de intervención y una inversión de 170 millones de dólares.
Criticó que los municipios tienen una injerencia muy limitada: solo sus pronunciamientos basados en el PLADECO y el PLADETUR son admisibles, mientras que las observaciones de vecinos y las del propio alcalde no tienen el mismo peso vinculante. “Yo como alcalde puedo hacer 10 mil observaciones (…) pero me declaran incompetente”, afirmó.
Vera relató que el municipio de Penco presentó observaciones en todas las etapas, fue el único que se pronunció en contra ante la Comisión de Evaluación Ambiental y que él personalmente intervino ante los seremi pidiendo un voto negativo. Pese a ello, la resolución de calificación ambiental (RCA) fue favorable en forma unánime.
Hoy el proceso se encuentra en el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental. El alcalde enfatizó que los plebiscitos o consultas ciudadanas no son vinculantes y que un proyecto de ley que busca modificar esa situación permanece “durmiendo” en el Congreso desde 2015.
“Esto no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de ciudad”, sostuvo Vera. Advirtió que ningún actor político del consejo debe validar públicamente el proyecto ni reunirse con la empresa, y propuso generar un bloque de alcaldes de las comunas afectadas del Biobío y Ñuble para exigir cambios legislativos, especialmente al Código de Minería y a la participación vinculante de los territorios en la evaluación ambiental.
En la misma sesión intervino Violeta Cartes, presidenta de la Agrupación Social Campesina por el Progreso Rural de Tomé, quien reforzó el rechazo de las organizaciones sociales y campesinas a cualquier faena extractiva de este tipo. También participaron representantes de la Municipalidad de Cobquecura, quienes compartieron la preocupación por el impacto en las comunas vecinas y se sumaron al llamado de coordinación intercomunal.
El Consejo Municipal de Tomé dejó constancia de su posición contraria a la explotación de tierras raras en la zona y valoró el intercambio de experiencias como un paso para fortalecer la defensa del territorio, el agua y el desarrollo local basado en el turismo y las actividades productivas tradicionales.











