La decisión del Ministerio de Hacienda de suspender la adjudicación de los corredores de transporte público Ruta 150 y Ruta 160 pone en pausa inversiones cercanas a los US$ 400 millones.
El Gobierno resolvió detener la tramitación de las concesiones de los corredores de transporte público Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano y Ruta 160, iniciativas que ya habían concluido su proceso de licitación y cuyos decretos de adjudicación se encontraban en la etapa final, tal como informamos en Tomé al Día a fines del año pasado. La determinación fue comunicada por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Obras Públicas, argumentando que, debido a la actual situación fiscal, el Estado no puede asumir los compromisos económicos que implican ambas obras.
Para Tomé, la suspensión tiene un impacto directo, ya que la Ruta 150 constituye el principal acceso terrestre hacia la capital regional. Cada jornada miles de tomecinos se desplazan por este corredor para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud o realizar trámites en Concepción, por lo que cualquier mejora en la infraestructura vial y en el transporte público representa un beneficio para la movilidad cotidiana y la seguridad de los viajes.
El proyecto contemplaba un corredor exclusivo para buses de 9,3 kilómetros entre Concepción, Talcahuano, Penco y Hualpén, junto con nuevos enlaces, pasos desnivelados y ciclovías, con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la operación del transporte público en uno de los sectores con mayor flujo vehicular del Gran Concepción. En paralelo, la iniciativa de la Ruta 160 consideraba un trazado exclusivo de 14,2 kilómetros entre San Pedro de la Paz y Coronel, además de paraderos, infraestructura peatonal y obras complementarias.
La directora general de Concesiones, Lorena Herrera, explicó que la revisión responde a restricciones presupuestarias. La autoridad sostuvo que, si bien ambos proyectos son relevantes para la conectividad regional, requerían importantes aportes fiscales tanto para su construcción como para su futura operación, compromisos que, según indicó, hoy no es posible financiar con los recursos disponibles.
La decisión generó una dura reacción del gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien calificó la medida como una "pésima decisión" y advirtió que la región pierde una inversión cercana a los US$ 400 millones, además de oportunidades de empleo y mejoras en la calidad de vida. El gobernador afirmó que comunas como Tomé se verán directamente afectadas y anunció gestiones para intentar revertir el congelamiento de las adjudicaciones.
Las críticas también se trasladaron al Congreso, donde parlamentarios del Biobío cuestionaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por paralizar proyectos que consideran estratégicos para el desarrollo regional. Los legisladores insistieron en que las obras no solo fortalecerían la conectividad del Gran Concepción, sino que además impulsarían la inversión y la generación de empleo, advirtiendo que postergarlas profundiza la brecha entre las necesidades de las regiones y las prioridades de inversión del Estado.




