La comuna de Tomé se ubica en el cuarto lugar nacional entre los territorios con mayor superficie clasificada en riesgo muy alto de incendios forestales, según un estudio elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El informe identificó 10.408,7 hectáreas en esta condición dentro de la comuna, una cifra que evidencia su elevada exposición a eventuales emergencias y plantea importantes desafíos para la protección de viviendas, infraestructura y sectores poblados, especialmente en las zonas donde las áreas habitadas colindan con plantaciones forestales y vegetación.
El diagnóstico, presentado durante el lanzamiento del Plan de Prevención de Incendios 2026-2027, sitúa a Tomé entre las comunas más amenazadas del país, superada únicamente por Curanilahue, que registra 13.336,8 hectáreas; Collipulli, en La Araucanía, con 12.563,7 hectáreas; y Los Álamos, con 11.344,4 hectáreas. La situación resulta especialmente preocupante para la Región del Biobío, que concentra siete de las once comunas con mayor superficie expuesta a esta categoría de riesgo a nivel nacional.
En el caso de Tomé, los antecedentes adquieren particular relevancia debido a la distribución de sus localidades urbanas y rurales, la presencia de extensas superficies forestales y la cercanía de sectores residenciales con áreas de vegetación. Esta configuración territorial hace necesario prestar especial atención a los sectores de interfaz urbano-rural, donde un incendio puede propagarse hacia las viviendas y comprometer la seguridad de sus habitantes. El desafío involucra tanto a los organismos públicos como a las empresas forestales, propietarios particulares y comunidades que habitan estos espacios.
Para elaborar el estudio, el Minvu examinó los antecedentes de 65.442 incendios ocurridos entre 2015 y 2025, incorporando información sobre características de las viviendas, concentración de población y presencia de asentamientos precarios. A estos indicadores se sumaron las condiciones topográficas, la cobertura vegetal y la existencia de caminos e instalaciones eléctricas. La combinación de estos factores permitió establecer distintos niveles de exposición y determinar los territorios que requieren intervenciones prioritarias para disminuir las posibilidades de una emergencia de grandes proporciones.
A nivel regional, el panorama también genera preocupación. De las 33 comunas del Biobío, 18 presentan superficies superiores a mil hectáreas bajo la clasificación de riesgo muy alto, acumulando aproximadamente 80 mil hectáreas. El análisis también reveló una situación especialmente delicada en los campamentos, ya que 150 de los 177 asentamientos considerados en el catastro regional se encuentran en áreas de riesgo alto o muy alto. Asimismo, 38 de los 55 barrios y localidades vinculados a los programas Quiero Mi Barrio y Pequeñas Localidades presentan condiciones similares de exposición.
Frente a este escenario, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció una estrategia que considera tres líneas de intervención: incorporar el peligro de incendios forestales en la planificación urbana, fortalecer la organización de las comunidades y ejecutar trabajos de reducción de vegetación combustible. Una de las principales novedades será la delimitación de franjas de 250 metros en los sectores de contacto entre las zonas urbanizadas y los terrenos forestales, con el propósito de establecer medidas preventivas que puedan integrarse a los planes reguladores comunales e intercomunales. También se contempla el despeje de vegetación en terrenos públicos y la participación de propietarios privados en estas labores.
La posición de Tomé en este diagnóstico nacional constituye una advertencia sobre la urgencia de fortalecer la prevención antes del período de mayor ocurrencia de incendios. La identificación de las áreas más expuestas permitirá orientar futuras intervenciones, aunque su efectividad dependerá de la coordinación entre las instituciones responsables, el municipio, las empresas y los vecinos. En una comuna que combina sectores urbanos, localidades rurales, actividad forestal y destinos turísticos, reducir la vulnerabilidad frente al fuego representa una tarea fundamental para resguardar a la población, proteger el patrimonio natural y evitar las graves consecuencias sociales y económicas que pueden provocar estas emergencias.



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