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| Camino a Coliumo en 2010. |
Dieciséis años después del megaterremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, que sacudió con magnitud 8,8 el centro-sur de Chile y dejó más de 500 muertos, el país vuelve a mirar hacia el mar y hacia sus fallas con inquietud.
Los recientes y devastadores sismos de Venezuela (junio de 2026, doblete de 7,2 y 7,5) y Colombia (10 de agosto de 2026, magnitud 7,4) han recordado, una vez más, que América del Sur sigue expuesta a eventos de gran magnitud. La pregunta inevitable es: ¿qué tan preparado está Chile para enfrentar un terremoto y tsunami de proporciones similares a los de 2010?
El recuerdo del Gran Concepción, Tomé y Dichato
El 27-F no solo fue un terremoto de gran magnitud. Fue un evento de siete minutos de duración que movió la ciudad de Concepción más de tres metros hacia el oeste y generó un tsunami que impactó con particular fuerza en el Gran Concepción y sus alrededores. En Concepción, la intensidad alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli: edificios colapsaron (el emblemático Alto Río se volcó), se produjeron cortes masivos de luz y comunicaciones, y el pánico se instaló entre la población.
Más dramático aún fue el efecto del maremoto en la costa. En Tomé y especialmente en Dichato, el paisaje cambió para siempre. Dichato, un balneario de la comuna de Tomé ubicado en la bahía de Coliumo, fue prácticamente borrado del mapa. Enormes olas de hasta 10 metros de altura ingresaron por el estero y arrasaron el pueblo: más del 80% de las viviendas fueron destruidas o arrastradas, cientos de familias perdieron todo y 18 personas murieron. Testigos relataron hasta siete olas, siendo la tercera o la sexta las más destructivas. El barro, los escombros y los restos de embarcaciones cubrieron lo que hasta horas antes había sido un tranquilo pueblo costero. Talcahuano, Penco y otras localidades del borde costero del Biobío también sufrieron daños severos en infraestructura portuaria y viviendas.
El saldo nacional fue de 525 muertos confirmados, decenas de desaparecidos, cerca de 370.000 viviendas afectadas y pérdidas económicas estimadas entre 15.000 y 30.000 millones de dólares. El tsunami fue responsable de una parte importante de las víctimas fatales en la costa.
Avances institucionales y tecnológicos
Desde entonces, Chile ha experimentado cambios significativos. La antigua ONEMI fue reemplazada en 2023 por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en el marco de la Ley 21.364 que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Se han realizado miles de simulacros de evacuación (más de 14 millones de personas han participado desde 2015), se actualizaron protocolos de alerta temprana, se mejoraron las normas de construcción antisísmica y se elaboraron mapas de evacuación y zonas seguras (la “cota 30”).
En caso de alerta de tsunami, las autoridades activan evacuaciones preventivas masivas, como se vio en julio de 2025 tras el terremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka, Rusia, cuando se ordenó el desplazamiento de cerca de 1,5 millones de personas hacia zonas elevadas. El Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) por celular y la coordinación entre SHOA, SENAPRED y el Centro Sismológico Nacional han ganado en eficiencia y redundancia.
Las deudas pendientes 16 años después
Sin embargo, no todas las promesas de la década de 2010 se han concretado. El ambicioso Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis, que contempla la instalación de más de 1.000 sirenas a lo largo de la costa, sigue sin estar operativo a nivel nacional. La licitación se ha aplazado y se estima que el sistema completo podría entrar en funcionamiento recién en 2031.
Más preocupante aún es la persistencia de viviendas en zonas de alto riesgo de inundación por tsunami. A pesar de los planes de reconstrucción post-2010, que en Dichato incluyeron parques de mitigación, algunas viviendas elevadas sobre pilares (“antitsunami”) y relocalizaciones parciales, estudios posteriores han mostrado que la vulnerabilidad no desapareció por completo.
Parte de la población sigue residiendo en áreas que en 2010 fueron inundadas, y en varias localidades costeras del Biobío y Maule se mantiene la presencia de construcciones a orillas del mar o en cotas bajas. Expertos y autoridades han reconocido que la presión por reconstruir rápido y la falta de expropiaciones suficientes dejaron pendientes medidas estructurales de largo plazo.
La reconstrucción de Dichato se presentó en su momento como un “ícono” de recuperación, con obras de mitigación y nuevas tipologías de vivienda. Pero análisis realizados años después advirtieron que algunos barrios reconstruidos volvían a concentrar factores de riesgo similares a los previos al desastre: localización, tipología constructiva y conocimiento limitado de la amenaza por parte de los residentes.
Lecciones de los vecinos
Los recientes terremotos de Venezuela y Colombia, con miles de muertos en el primero y más de un centenar en el segundo, refuerzan la necesidad de no bajar la guardia. Aunque los mecanismos tectónicos son distintos (Chile se encuentra en la zona de subducción de la placa de Nazca), la lección es clara: la magnitud importa, pero la preparación, el cumplimiento de las normas de construcción y la eliminación de viviendas en zonas de peligro determinan el número de víctimas.
Chile cuenta con una cultura sísmica relativamente sólida y una institucionalidad más robusta que en 2010. Sin embargo, mientras existan viviendas a orillas del mar en zonas de inundación por tsunami y mientras el sistema nacional de sirenas de alerta no esté plenamente operativo, la vulnerabilidad permanece. Dieciséis años después del 27-F, el país ha avanzado, pero aún no está del todo preparado para un nuevo evento de esa magnitud.