El Centro de Estudios de Ciudad y Territorio (CECT) presentó un exhaustivo análisis sobre el fenómeno de las parcelas de agrado en Chile, evidenciando los desafíos que este tipo de urbanización representa para la planificación territorial y el desarrollo sostenible del país.
La investigación, que cuenta con la participación del ministro de Vivienda Carlos Montes y diversos expertos en la materia, llega en un momento crucial, coincidiendo con el debate del Proyecto de Ley para la Protección del Territorio y la Vida Rural, presentado por el Gobierno en julio de 2024.
Según el informe, las parcelas de agrado -terrenos de 5.000 m² originalmente destinados al desarrollo rural campesino- se han transformado en un modelo de urbanización desregulada que genera múltiples problemáticas. Entre los principales impactos negativos destacan: Deterioro de la infraestructura básica municipal, Degradación de suelos agrícolas productivos, Amenazas a zonas de protección natural y Dificultades en la gestión territorial para los municipios.
El estudio enfatiza que este fenómeno no es homogéneo en todo el territorio nacional, ya que sus efectos varían significativamente según la ubicación y extensión de las parcelaciones. Además, distingue estas subdivisiones de los llamados "loteos brujos", que corresponden a divisiones de menor tamaño y presentan sus propias problemáticas jurídicas y ambientales.
En el caso de Biobío se identificó 871 conjuntos de parcelas de agrado, con un total de 13.379 hectáreas cubiertas, con un porcentaje del 12,6% de ocupación respecto al área urbana planificada.
De estas parcelas, 63 hectáreas están en reservas, parques o santuarios de la naturaleza y 342 hectáreas están en zonas de interés turístico. Además, según Conaf el 98,7% de las parcelas están en áreas amenazadas por incendios forestales y 30,5 hectáreas están en áreas de riesgo de inundación por tsanami.
La publicación busca contribuir al debate nacional sobre la planificación territorial y propone la necesidad de establecer marcos regulatorios más estrictos para proteger tanto el entorno rural como la gestión sustentable de los territorios.
Esta investigación se presenta como una herramienta fundamental para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano-rural en Chile, especialmente en el contexto de la discusión legislativa actual.