Columna de opinión publicada en el Diario El Mercurio el martes 24 de Marzo de 2009.
Acceso libre a las playas
"...Chile ya tomó su opción, y el Ministerio de Bienes Nacionales no hace más que velar por el mandato que democráticamente los ciudadanos han dado...".
ROMY SCHMIDT C.
Ministra de Bienes Nacionales
En Chile, todas las playas de mar son de libre acceso, lo que está garantizado en la ley. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la facultad del control superior de los "bienes nacionales de uso público", es decir, aquellos cuyo dominio y, por tanto, su uso pertenecen a la nación toda. Las playas de mar, de los lagos y ríos que sean navegables por embarcaciones de más de 100 toneladas son bienes nacionales de uso público, sin excepción, y el ejercicio de esta facultad implica velar por que nadie se adueñe de este tipo de bienes, cuya administración corresponde al municipio, que, por cierto, puede concesionarla.
Ahora bien, sucede que en playas de mar de la Región del Biobío y en playas ribereñas de grandes lagos de la Región de la Araucanía, entre otros sitios, tanto visitantes como lugareños encuentran dificultades para llegar a las playas. Aunque a simple vista el problema pasaría por establecer un acceso peatonal -y si es de común acuerdo entre el fisco y el particular, mejor aún-, la realidad es mucho más compleja.
En la Región del Biobío, concretamente en la playa de Pingueral, hay un loteo ribereño donde existe un evidente problema de acceso. Luego de reunirme personalmente con su administrador y de trabajar durante un año analizando varias alternativas para liberar una vía de acceso, no estuvieron de acuerdo con ninguna de las alternativas y anunciaron que optaban por el camino judicial. Así las cosas, Bienes Nacionales fijó el acceso por un camino público que, sin autorización alguna, él loteó y cerró con una barrera, donde mantiene guardias que prohíben la pasada al público general.
En la Araucanía, los privados del sector de Santa Filomena nunca han estado dispuestos a abrir un acceso y también optaron por recurrir a los tribunales. Ante esta realidad, y respetuoso del Estado de Derecho, el Ministerio de Bienes Nacionales ha esperado los fallos pendientes del Tribunal Constitucional en ambos casos antes de ver qué camino seguir.
Los argumentos que se han esgrimido con insistencia para impedir el acceso a las playas, y que no tienen ninguna incidencia en la discusión actual, se refieren a la "calidad" de éstas: que si son aptas o no para el baño, que si la gente las va a ensuciar, que van a entrar los delincuentes o que habiendo más playas cerca para qué quieren ésta. Lo último que hemos escuchado es que estamos "frenando el desarrollo" de la comuna de Tomé por no allanarnos a estudiar una propuesta surgida a última hora, ad portas de un fallo del Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento ellos mismos pidieron.
A fin de cuentas, la propuesta que se nos hace pasa por que el Estado renuncie a resguardar un derecho que es de todos: ceder el camino público y, en definitiva, eludir el mandato de la ley a cambio de un "ofertón" de nuevos empleos, lo cual el Estado no tiene, además, ninguna posibilidad de hacer exigible el día de mañana.
Señor, señora: cuando le ofrezcan en venta una casa ribereña, un terreno, un bien raíz cualquiera con "playa privada incluida" o uso de "playa exclusiva", hágase asesorar.
Se entiende que no hay mala voluntad en quien compra y que es legítimo buscar las mejores alternativas para lograr un lugar de descanso, y que lo que prima es el desconocimiento de las leyes. Sin embargo, es preciso enfrentar la realidad de que en Chile, en su camino hacia el desarrollo, se determinó que las playas son libres al uso, goce y disfrute de todos. El Tribunal Constitucional ha dado su veredicto a propósito del caso de Villarrica y Huilipilún, señalando que "la obligación de los propietarios colindantes con las playas de otorgar una vía de acceso a éstas constituye una limitación al dominio, y no una privación total de éste o una imposibilidad absoluta del ejercicio de las facultades esenciales de uso o goce". Con esto se neutraliza otro de los argumentos esgrimidos, en cuanto a que se estaría atentando contra el derecho a propiedad.
Esto es una cuestión de derecho y, sobre todo, de principios: ¿queremos un país inclusivo, donde todos tengamos acceso libre y gratuito a las playas?, ¿o queremos un país que promueva sus bellezas naturales sectariamente, sólo para quienes tienen recursos para adquirirlas?
Chile ya tomó su opción, y el Ministerio de Bienes Nacionales no hace más que velar por el mandato que democráticamente los ciudadanos han dado, pese a los lobbies y a opiniones manifestadas en contra en los medios de comunicación, todas muy respetables, por cierto, pero personales.