La mañana del miércoles 18 de junio fue amarga para miles de tomecinos: no pudieron llegar a tiempo sus lugares de trabajo o estudio, perdieron horas médicas, no lograron realizar un trámite, llegaron tarde a su jornada laboral, perdieron tiempo y dinero. La razón fue la actitud de una veintena de trabajadores de una minúscula línea de taxibuses urbana "Nueva Los Tilos" que decidió protestar obstaculizando la ruta Tomé-Concepción por varias horas durante la mañana.
Este tipo de acciones, lejos de fortalecer una causa, terminan vulnerando derechos fundamentales de terceros y deteriorando la convivencia democrática.
El derecho a manifestarse está consagrado en nuestra Constitución y debe ser protegido. Las causas sindicales, muchas veces invisibilizadas, encuentran en la protesta pública un canal válido de expresión. Sin embargo, este derecho no es absoluto. También están protegidos el derecho a la libre circulación y la garantía de vivir en un entorno seguro y predecible. Cuando una manifestación paraliza por horas una vía estructural como la ruta Tomé–Concepción, lo que se genera no es solo incomodidad, sino un verdadero perjuicio social.
El Código Penal chileno es claro al sancionar a quien, sin autorización, interrumpe o entorpece gravemente la circulación de vehículos en la vía pública. No se trata de criminalizar la protesta, sino de recordar que el ejercicio de derechos conlleva responsabilidades. Impedir el libre tránsito de manera indefinida, sin diálogo ni planificación, no es una expresión de lucha, sino una forma de imponer por la fuerza lo que debería ser discutido en instancias institucionales o resuelto con apoyo ciudadano, no contra él.
Resulta paradójico que en nombre de la justicia laboral se termine afectando a los mismos trabajadores que no pueden llegar a sus puestos, a las madres que no logran llevar a sus hijos al colegio o a los pacientes que pierden sus horas médicas. Este tipo de manifestaciones no construyen apoyo social; al contrario, lo debilitan, y contribuyen a la percepción de que el movimiento sindical actúa de forma intransigente.
La democracia necesita protesta, pero una protesta que dialogue con la sociedad, que haga valer sus demandas sin aplastar las necesidades del resto. De lo contrario, lo que se instala no es un conflicto con el empleador, sino con la ciudadanía en su conjunto.
Es por ello que resulta imperativo que las autoridades no solo llamen al diálogo, sino que también hagan valer el Estado de Derecho aplicando sanciones severas. La obstrucción prolongada e injustificada de una vía esencial como la ruta Tomé–Concepción no puede quedar impune ni normalizarse como herramienta de presión. Se requieren sanciones ejemplificadoras, no con afán punitivo desproporcionado, sino como medida necesaria para proteger los derechos de la mayoría y evitar que este tipo de acciones se repitan, afectando una y otra vez la vida cotidiana de miles de personas inocentes.